¿Pudieron salvarse? La pregunta no tendrá nunca una respuesta. Lo cierto es que los tripulantes del helicóptero de la FAP que murieron en el VRAE, incursionaron en un lugar infestado por terroristas en una nave cuyo blindaje sólo podía resistir municiones de fusil AKM o FAL.
Sería aventurado decir que, de haberse blindado las naves adecuadamente para prevenir ataques con la potente ametralladora PKM calibre 7.62 X 54R que poseen los subversivos, con un alcance efectivo de 1.500 metros, los heroicos oficiales habrían podido resistir y salir con vida.
Las balas ingresaron por las ventanas del MI 17, difíciles de blindar por razones de peso. Aún así, hay aspectos que merecen ser considerados.
En primer lugar, como lo señalamos a través de algunos medios el pasado fin de semana, y como lo ha ampliado con más detalles el diario La República, el blindaje de los cuatro helicópteros MI 17 se frustró parcialmente, cuando la FAP objetó por razones técnicas el trabajo de la empresa nacional Protemax, dedicada a blindar automóviles y ventanas de viviendas. Sus dos helicópteros quedaron simplemente con el blindaje original, apto para municiones menos potentes.
Al parecer, los resultados del blindaje de Protemax en los dos helicópteros del Ejército no fueron los mejores. Si no, ¿por qué no se empelaron esas naves para la operación de rescate? Se dice que no podían desplazarse adecuadamente por las fallas que la FAP señaló.
Hay que añadir a esta historia otros elementos. Cuando se decide blindar las cuatro naves, se presentaron varias firmas con experiencia en estos menesteres, entre ellas, la francesa-hindú AST, la colombiana Caballero, una alemana, una mexicana y dos de los Estados Unidos.
Se dice que fueron descartadas por ser sus ofrecimientos demasiado costosos. ¿Cuánto vale la vida de un oficial peruanos, profesional, entrenado durante más de una década, y amante de su patria como lo fue el Mayor Ángel Vejarano, quien nos dejó su emotivo testimonio audiovisual?
Pero hay más. También hubo una empresa nacional, Armor Security, que entró asociada y garantizada por la franco –holandesa Tecnacate Advance Armour. Su costo superó al de la empresa Protemax por poco más de 90 mil dólares.
La cifra es razonable ante un monto de 709 mil dólares que llegó a presupuestar la firma elegida. Sin embargo, según mis fuentes, y con documentos que tuve a la vista, el área cubierta por el blindaje de la cabina de los pilotos se incrementaba en un 53%, ofreciendo mayor protección a sus ocupantes, e incluía un piso desmontable para proteger el área de carga, donde suelen llevarse pasajeros y, muchas veces, autoridades de Estado. El peso excedía al requerido en apenas 28 kilos y medio.
Sería absurdo pretender asegurar que, de haber empleado un MI 17 con este nivel de protección, los pilotos habrían salvado. O que los blindajes ofrecidos por las demás empresas hubieran significado eso mismo. No podemos ponernos en esa hipótesis. Sencillamente, nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que hubo decisiones extrañas al contratar los servicios de blindaje de los helicópteros que son armas estratégicas para intervenir en una región donde el país se está jugando parte de su futuro, y en los cuales nuestros soldados se juegan la vida. Y eso debe ser investigado a profundidad. El Parlamento y el nuevo ministro de defensa Rafael Rey tienen la palabra.
jueves, 17 de septiembre de 2009
lunes, 14 de septiembre de 2009
Había una vez un plan integral para el tránsito vehicular en Lima (IPE)
Cada persona pasa un promedio de 44.9 minutos cada vez que sube a un vehículo, según el Plan maestro de transporte urbano para el área metropolitana de Lima y Callao. El mismo estudio señala que la velocidad promedio es de 16.8 km/h. (Gestión, 14/09/2009)
Basta observar las cifras oficiales sobre pérdidas de vidas por accidentes (CD 24/08/2009) para ver la urgencia de acciones inmediatas, así como las cifras del Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito de la OMS para ver que solamente por concepto de accidentes los peruanos en general ya tenemos mucho más que lamentar que los demás países de la región. Este mismo documento insiste en que los costos sociales y económicos causados por los accidentes de tránsito demandan que el tránsito sea regulado y que se definan responsables de supervisar dicha regulación, uno de los cuales es la Municipalidad de Lima.
En ese sentido, existe consenso acerca de la necesidad de una racionalización de las 519 rutas que existen en la capital, las cuales resultan excesivas y demasiado desordenadas. Esta tarea específica recae en la Municipalidad de Lima, la que además debe educar a los limeños para que entiendan la necesidad de adoptar parámetros básicos, como respetar los paraderos designados, para que la situación se comience a solucionar y deje de causarnos costos a todos.Por otro lado tenemos propuestas de reordenamiento del tráfico como la del Metropolitano. Esta iniciativa, que data de las épocas en las que Andrade era alcalde de Lima, ha sufrido excesivas modificaciones que ha llevado a que sea una de las iniciativas de infraestructura para transporte urbano más caras del mundo. Mientras que el Transantiago de Santiago de Chile con 18.8 km y 70 terminales de buses y dos estaciones intermodales registró US$4 millones por kilómetro de costo de capital en 2007 y el Interligado de Sao Paulo con 104 km y 327 estaciones y 24 terminales registró US$3.5 millones en 2002 (A critical look at major bus improvements in Latin America and Asia del Banco Mundial), el Metropolitano de Lima está registrando US$11.94 al momento con sus 25.7 km, 35 estaciones, dos terminales y una estación subterránea. Es decir, además de estarse demorando demasiado, está costando demasiado. Los peatones y
Basta observar las cifras oficiales sobre pérdidas de vidas por accidentes (CD 24/08/2009) para ver la urgencia de acciones inmediatas, así como las cifras del Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito de la OMS para ver que solamente por concepto de accidentes los peruanos en general ya tenemos mucho más que lamentar que los demás países de la región. Este mismo documento insiste en que los costos sociales y económicos causados por los accidentes de tránsito demandan que el tránsito sea regulado y que se definan responsables de supervisar dicha regulación, uno de los cuales es la Municipalidad de Lima.
En ese sentido, existe consenso acerca de la necesidad de una racionalización de las 519 rutas que existen en la capital, las cuales resultan excesivas y demasiado desordenadas. Esta tarea específica recae en la Municipalidad de Lima, la que además debe educar a los limeños para que entiendan la necesidad de adoptar parámetros básicos, como respetar los paraderos designados, para que la situación se comience a solucionar y deje de causarnos costos a todos.Por otro lado tenemos propuestas de reordenamiento del tráfico como la del Metropolitano. Esta iniciativa, que data de las épocas en las que Andrade era alcalde de Lima, ha sufrido excesivas modificaciones que ha llevado a que sea una de las iniciativas de infraestructura para transporte urbano más caras del mundo. Mientras que el Transantiago de Santiago de Chile con 18.8 km y 70 terminales de buses y dos estaciones intermodales registró US$4 millones por kilómetro de costo de capital en 2007 y el Interligado de Sao Paulo con 104 km y 327 estaciones y 24 terminales registró US$3.5 millones en 2002 (A critical look at major bus improvements in Latin America and Asia del Banco Mundial), el Metropolitano de Lima está registrando US$11.94 al momento con sus 25.7 km, 35 estaciones, dos terminales y una estación subterránea. Es decir, además de estarse demorando demasiado, está costando demasiado. Los peatones y
jueves, 3 de septiembre de 2009
Luis Iberico: “Giampietri plantea un ‘Frontonazo’ en el VRAE”
El ex presidente de la comisión de Defensa del Congreso y responsable político del partido Alianza Para el Progreso, Luis Iberico, calificó como una alternativa de "mano dura" la propuesta del primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, para declarar como zona de combate los Valles de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).Iberico Núñez consideró que la solución real al problema se debe encontrar con la integración del pueblo y las Fuerzas Armadas, y con el planteamiento de alternativas de desarrollo en las zonas de emergencia.
“Lo que el almirante Giampietri plantea es un ‘Frontonazo’. Eso de que salgan los buenos para arrasar es una vieja estrategia que demostró no funcionar. El problema y la solución son más complejos que el manotazo que planta Luis Giampietri”, señaló Luis Iberico.
Dijo que las decenas de muertes que se han producido en la zona entre abril del 2008 y septiembre del presente año, evidencian el fracaso del Plan VRAE frente al fenómeno del narcoterrorismo, y criticó al Gobierno por reiterar que estos remanentes de Sendero no representan un peligro para la democracia.
“Si bien es cierto que en una guerra hay bajas, todas estas no pueden estar de nuestro lado sin que haya una victoria sustancial frente al enemigo Sendero Luminoso (…) Es evidente que se viene fracasando en el VRAE. No lo digo yo, lo dicen los muertos”, agregó.
Descartó que las bajas en la zona se deban a errores militares. “Cuando hay una suma de errores trágicos, sangrientos, quiere decir que la estrategia no está funcionando”, aseveró.
Indicó además que si el Plan VRAE no ha dado resultados importantes es por la falta de planificación, de inteligencia, de un comando unificado y de una estrategia política y militar con impacto social.
A esto se agrega la ausencia del pueblo organizado a través de los comités de autodefensa y el escaso presupuesto que amerita una situación como la del VRAE, que constituye una amenaza a la seguridad nacional.
“Lo más grave es que no se ha fortalecido la presencia del Estado para que esté al servicio del desarrollo local. Ese es un enorme vacío que hasta el momento no se está llenando. No hay expectativas para la población, no hay ninguna esperanza y los narcoterroristas les venden la falsa ilusión de la prosperidad a través del tráfico de cocaína”, finalizó.
PRENSA APP
domingo, 30 de agosto de 2009
ENTREVISTA EN RPP: SEGURIDAD CIUDADANA
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ES SALUDO A LA BANDERA AFIRMA LUIS IBERICO
En entrevista con RPP aseguró que alcaldes no deben quitarle el cuerpo a esta responsabilidad
A seis años y medio de su promulgación, la ley que creó el sistema nacional de seguridad ciudadana SINASEC no se ha implementado y sólo hay “saludos a la bandera”, dijo el ex congresista Luis Iberico, al comentar la reciente encuesta de la universidad Católica según la cual el 91% de los ciudadanos se siente inseguro ante la delincuencia callejera.
Iberico sostuvo que los ciudadanos se sienten desamparados, mientras que la seguridad pública “no tiene norte ni rumbo, no tiene consistencia y los esfuerzos que se hacen son desarticulados e ineficaces”. Indicó que la ley del SINASEC es un buen marco jurídico pero no se ejecuta. “Las autoridades le quitan el cuerpo” indicó, recordando que en Lima el responsable de la seguridad es el alcalde de la capital.
En una entrevista en Radioprogramas del Perú RPP, señaló que en el ministerio del Interior tampoco hay una estrategia de seguridad ciudadana. “Pasamos del ‘plan telaraña’ a la ‘distritalización’, de allí a la ‘investigación criminal’ y ahora estamos con la moda del ‘arresto ciudadano’, lo que demuestra que no hay planes ni siquiera en la policía, andamos a la deriva” dijo.
Advirtió que hace dos días se dispuso que la policía de tránsito sea integrada exclusivamente por policías femeninas. “Para ello se ha transferido a las suboficiales que venían trabajando en seguridad ciudadana con las juntas vecinales y las brigadas de autoprotección escolar, dejando trunco ese proceso” indicó. “Marchamos entonces dando bandazos, con marchas y contramarchas, y en medio de esto el ciudadano se siente totalmente desprotegido” indicó.
Señaló además que los alcaldes son, por ley, los que presiden los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana. “Los comités se instalan para la fotografía y, salvo excepciones, después no pasa nada” dijo.
ENCUESTAS
Ante la reciente encuesta de DATUM que le da un segundo lugar como candidato a la alcaldía de Lima, señaló que toma esa cifra con “optimismo prudente”. “Es un escenario sin la candidatura de Luis Castañeda, que es muy probable. Pero todavía falta mucho para las elecciones, y el optimismo lo convertimos, en Alianza para el Progreso, en motivación para seguir trabajando”.
Indicó que como alcalde de Lima, está dispuesto a asumir el reto de la recuperación de la seguridad ciudadana en Lima. “En APP hemos decidido que nuestros alcaldes se comprarán el pleito de la seguridad” indicó. De llegar a la alcaldía metropolitana, “lo inmediato sería convocar al comité provincial para ponerse a trabajar, y también a todos los alcaldes distritales para concertar, y no imponer, un plan integral para toda la ciudad” dijo.
Iberico indicó que hay que poner énfasis en la seguridad preventiva para reducir los factores de riesgo, sin dejar de fortalecer el aparato represivo y sancionador. Expresó que el alcalde debe ser un líder que convoque a las instituciones y organizaciones ciudadanas a la lucha por la recuperación de la ciudad.
“Debemos volver a caminar tranquilos por nuestras calles y parques, y ello requiere de una acción concertada, participativa y democrática, pero la gente se pregunta quién se pone a la cabeza, dónde está el piloto. Y ese piloto es el alcalde” subrayó.
En entrevista con RPP aseguró que alcaldes no deben quitarle el cuerpo a esta responsabilidad
A seis años y medio de su promulgación, la ley que creó el sistema nacional de seguridad ciudadana SINASEC no se ha implementado y sólo hay “saludos a la bandera”, dijo el ex congresista Luis Iberico, al comentar la reciente encuesta de la universidad Católica según la cual el 91% de los ciudadanos se siente inseguro ante la delincuencia callejera.
Iberico sostuvo que los ciudadanos se sienten desamparados, mientras que la seguridad pública “no tiene norte ni rumbo, no tiene consistencia y los esfuerzos que se hacen son desarticulados e ineficaces”. Indicó que la ley del SINASEC es un buen marco jurídico pero no se ejecuta. “Las autoridades le quitan el cuerpo” indicó, recordando que en Lima el responsable de la seguridad es el alcalde de la capital.
En una entrevista en Radioprogramas del Perú RPP, señaló que en el ministerio del Interior tampoco hay una estrategia de seguridad ciudadana. “Pasamos del ‘plan telaraña’ a la ‘distritalización’, de allí a la ‘investigación criminal’ y ahora estamos con la moda del ‘arresto ciudadano’, lo que demuestra que no hay planes ni siquiera en la policía, andamos a la deriva” dijo.
Advirtió que hace dos días se dispuso que la policía de tránsito sea integrada exclusivamente por policías femeninas. “Para ello se ha transferido a las suboficiales que venían trabajando en seguridad ciudadana con las juntas vecinales y las brigadas de autoprotección escolar, dejando trunco ese proceso” indicó. “Marchamos entonces dando bandazos, con marchas y contramarchas, y en medio de esto el ciudadano se siente totalmente desprotegido” indicó.
Señaló además que los alcaldes son, por ley, los que presiden los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana. “Los comités se instalan para la fotografía y, salvo excepciones, después no pasa nada” dijo.
ENCUESTAS
Ante la reciente encuesta de DATUM que le da un segundo lugar como candidato a la alcaldía de Lima, señaló que toma esa cifra con “optimismo prudente”. “Es un escenario sin la candidatura de Luis Castañeda, que es muy probable. Pero todavía falta mucho para las elecciones, y el optimismo lo convertimos, en Alianza para el Progreso, en motivación para seguir trabajando”.
Indicó que como alcalde de Lima, está dispuesto a asumir el reto de la recuperación de la seguridad ciudadana en Lima. “En APP hemos decidido que nuestros alcaldes se comprarán el pleito de la seguridad” indicó. De llegar a la alcaldía metropolitana, “lo inmediato sería convocar al comité provincial para ponerse a trabajar, y también a todos los alcaldes distritales para concertar, y no imponer, un plan integral para toda la ciudad” dijo.
Iberico indicó que hay que poner énfasis en la seguridad preventiva para reducir los factores de riesgo, sin dejar de fortalecer el aparato represivo y sancionador. Expresó que el alcalde debe ser un líder que convoque a las instituciones y organizaciones ciudadanas a la lucha por la recuperación de la ciudad.
“Debemos volver a caminar tranquilos por nuestras calles y parques, y ello requiere de una acción concertada, participativa y democrática, pero la gente se pregunta quién se pone a la cabeza, dónde está el piloto. Y ese piloto es el alcalde” subrayó.
miércoles, 19 de agosto de 2009
La ley mordaza del APRA: Con la sangre en el ojo
La ley mordaza del APRA: Con la sangre en el ojo
La sangre de Bagua salpicó en el ojo de Mercedes Cabanillas. Obligada a abandonar el ministerio del Interior por la masacre de policías y nativos, peleó bajo la mesa para arrebatarle a Jorge del Castillo la presidencia de la comisión de Constitución del parlamento. Una vez allí, debuta poniendo en agenda una ley mordaza para la prensa nacional.
En política nada es casual. Mientras los cadáveres desfilaban por la Curva del Diablo, se cortó la señal de “Radio la Voz” de Utcubamba y se canceló su licencia argumentando razones administrativas prontamente desmentidas.
El coro oficialista denunció que las radios lugareñas incentivaban la violencia. La prensa local, y no la tozudez del régimen, resultaba ser la responsable de la tragedia amazonense. El intento de desviar culpas no prosperó, pero quedaron revueltas las entrañas de los halcones del gobierno. De allí a la ley mordaza, distó un paso.
El proyecto que introdujo el aprista José Vargas en enero, ahora es levantado al aire y rastrillado por Meche Cabanillas. Se busca, dicen, regular el derecho de las personas afectadas por afirmaciones inexactas o injuriosas, estableciendo el procedimiento para dar cumplimiento al derecho de rectificación.
Para ello se acorta el plazo de rectificación, se une al “club” a los medios electrónicos (cuidado Útero de Marita) y se señala como tercero civilmente responsable al medio de comunicación, cuando el periodista o el director no cumplan con el pago de las indemnizaciones.
Nadie duda que deban castigarse la injuria, la calumnia y la difamación. Conocemos los excesos de la prensa. Pero ya existe una Ley de Rectificación, y el Código Penal sanciona al difamador, ¿cierto Magaly Medina?
La carga del proyecto, sin embargo, está en el castigo monetario al medio de comunicación al hacerlo corresponsable del exceso. Y los primeros medios en caer serán los más débiles, especialmente la prensa local donde, desgraciadamente, hay terreno fértil y poca plata.
Por improvisación, descuido o desidia, allí suele confundirse prensa con propaganda y opinión con difamación. Y esto se mezcla con el buen periodismo, valiente y veraz, creando la confusión ideal para el zarpazo de la ley mordaza.
También se coloca en la mira a la prensa electrónica, extraordinaria ventana abierta al mundo donde sin mucho capital y bastante coraje –que siempre es bueno combinar con rigurosidad- se destapan los chanchullos que la prensa del stablishment sumerge.
En cuanto a los grandes medios, el mensaje es claro: acortar riendas, para no tener que pagar –en efectivo- las consecuencias de la libertad de sus hombres de prensa.
Apretar al medio para asfixiar al periodista, el objetivo es ese.
domingo, 9 de agosto de 2009
EL MENSAJE DE ALAN GARCÍA: FOGONAZOS DE ÚLTIMA HORA
El presidente Alan García dice estar preocupado por el fortalecimiento de la democracia. Tras reflexionar ante su espejo, como suele hacerlo, anunció en su mensaje presidencial un par de iniciativas, en un discurso no exento de sorpresas para sus propios ministros.
Propuso la renovación del congreso por mitades, y la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales cuando la votación obtenida sea raquítica. Para García esas son espinacas infalibles para fortalecer los alicaídos músculos del sistema democrático. Para los especialistas, placebos inoportunos que podrían complicar más las cosas. Para el resto del país, fogonazos de última hora provenientes de un gobierno que empieza su cuenta regresiva.
Fernando Tuesta señala que las segundas vueltas no brindan, en automático, legitimidad ni fortaleza alguna a los presidentes regionales que, al ser electos, cuentan automáticamente con la mitad más uno de los consejeros. La segunda vuelta podría significar gobernar con minoría en el consejo, y terminar en la anarquía que vivieron por muchos años los gobiernos municipales sin en esta situación, atados de pies y manos al cálculo politiquero y a la oposición sin respiro, para desgracia de los vecinos.
Acerca de la renovación del Parlamento a mitad del período de gobierno, el especialista en temas electorales recuerda algo elemental: esta no es una “revocatoria” donde los malos se van y quedan los buenos. Es simplemente una renovación, practicada en muchos sistemas democráticos del mundo. Los congresistas intercalarían el inicio de sus períodos de cinco años, cada dos años y medio, completándolos de todos modos.
Si García Pérez nos quiso hacer creer que esta era la depuración del parlamento, pecó de demagogo. Si él mismo cree que es así, debe revisar un poco más sus libros de derecho constitucional, antes de redactar sus mensajes a la nación. O consultar con su ministro de Justicia, que para eso está.
Una reforma constitucional para mejorar la representatividad democrática es, sin embargo, imperiosa y hay que trabajar en ella. Considero que una medida necesaria es la creación de distritos electorales pequeños, circunscripciones que congreguen a 200 mil habitantes, para elegir a cada congresista.
De este modo, San Juan de Lurigancho –por ejemplo- se subdividiría en cinco distritos electorales, y cada uno elegiría su congresista. El coloso limeño tendría cinco parlamentarios y cada cual se debería a los electores de su circunscripción.
Esto se implementaría en todo el país. Resultado: los electores sabríamos quién es nuestro representante, el representante quiénes somos sus electores. Habría un contacto directo y permanente entre ambos, así como control y fiscalización al milímetro.
La fórmula no es nueva, existe en muchas democracias. Tampoco es infalible, pero mejora la representatividad. Y no debe ser una medida aislada, sino parte de una reforma integral articulada, coherente y adecuada a nuestra realidad social y política.
Finalmente, debemos ser conscientes que la democracia no se va a fortalecer a punta de leyes, ni renovaciones por tercios o mitades. La mejor tierra para su desarrollo está en la mente de las personas, sean electores o políticos. La madurez es el gran reto, y eso exige trabajar intensamente en la conciencia del pueblo. Que los individuos dejemos de ser individuos, y pasemos a ser ciudadanos. Ese es el fondo del asunto.
Propuso la renovación del congreso por mitades, y la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales cuando la votación obtenida sea raquítica. Para García esas son espinacas infalibles para fortalecer los alicaídos músculos del sistema democrático. Para los especialistas, placebos inoportunos que podrían complicar más las cosas. Para el resto del país, fogonazos de última hora provenientes de un gobierno que empieza su cuenta regresiva.
Fernando Tuesta señala que las segundas vueltas no brindan, en automático, legitimidad ni fortaleza alguna a los presidentes regionales que, al ser electos, cuentan automáticamente con la mitad más uno de los consejeros. La segunda vuelta podría significar gobernar con minoría en el consejo, y terminar en la anarquía que vivieron por muchos años los gobiernos municipales sin en esta situación, atados de pies y manos al cálculo politiquero y a la oposición sin respiro, para desgracia de los vecinos.
Acerca de la renovación del Parlamento a mitad del período de gobierno, el especialista en temas electorales recuerda algo elemental: esta no es una “revocatoria” donde los malos se van y quedan los buenos. Es simplemente una renovación, practicada en muchos sistemas democráticos del mundo. Los congresistas intercalarían el inicio de sus períodos de cinco años, cada dos años y medio, completándolos de todos modos.
Si García Pérez nos quiso hacer creer que esta era la depuración del parlamento, pecó de demagogo. Si él mismo cree que es así, debe revisar un poco más sus libros de derecho constitucional, antes de redactar sus mensajes a la nación. O consultar con su ministro de Justicia, que para eso está.
Una reforma constitucional para mejorar la representatividad democrática es, sin embargo, imperiosa y hay que trabajar en ella. Considero que una medida necesaria es la creación de distritos electorales pequeños, circunscripciones que congreguen a 200 mil habitantes, para elegir a cada congresista.
De este modo, San Juan de Lurigancho –por ejemplo- se subdividiría en cinco distritos electorales, y cada uno elegiría su congresista. El coloso limeño tendría cinco parlamentarios y cada cual se debería a los electores de su circunscripción.
Esto se implementaría en todo el país. Resultado: los electores sabríamos quién es nuestro representante, el representante quiénes somos sus electores. Habría un contacto directo y permanente entre ambos, así como control y fiscalización al milímetro.
La fórmula no es nueva, existe en muchas democracias. Tampoco es infalible, pero mejora la representatividad. Y no debe ser una medida aislada, sino parte de una reforma integral articulada, coherente y adecuada a nuestra realidad social y política.
Finalmente, debemos ser conscientes que la democracia no se va a fortalecer a punta de leyes, ni renovaciones por tercios o mitades. La mejor tierra para su desarrollo está en la mente de las personas, sean electores o políticos. La madurez es el gran reto, y eso exige trabajar intensamente en la conciencia del pueblo. Que los individuos dejemos de ser individuos, y pasemos a ser ciudadanos. Ese es el fondo del asunto.
miércoles, 8 de julio de 2009
TRANSPORTE URBANO EN LIMA: CÓMO SALIR DE LA “ERA COMBI”
¿A multas más caras, más orden en las pistas?, ¿a más años de cárcel, menos conductores ebrios atropellando niños? La desesperación nos arrastra a las fórmulas elementales. La ineptitud arrastra a la autoridad a implementarlas. George Bernard Shaw dijo que para todo problema complejo hay siempre una solución simple, que es errónea.
El último paro de los microbuseros fue a “media caña”, pero fue. Me resisto a analizar ese paro, sus motivaciones, sus porcentajes de acatamiento o desacato. Poco interesa lo que dijo el ministro tal o el dirigente cual. La cosa es ir al fondo, no chapotear en la cáscara.
La Defensoría del Pueblo dice en su informe 137 que el transporte urbano en Lima es un “desafío en defensa de la vida”. No exagera. En el Perú cada día mueren atropelladas diez personas, tres de ellas en la capital. La mayor parte de esas muertes la ocasionan dos tipos de vehículo: ómnibus y “combis”. ¿Me ensaño con los microbuseros? Que hablen los números.
Entre enero y junio del 2008 los ómnibus mataron en Lima a 67 personas, las combis a 64, las station wagon (timón cambiado) a 23, los camiones a 26 y los automóviles a 53. La cosa es seria.
El problema está en el caos, la autoridad incompetente y desarticulada, la informalidad y la ignorancia. Nació a inicios de los 90 con la liberalización del transporte público. Libertad para importar combis viejas, crear asociaciones de microbuseros, imponer rutas culebríticas y cobrar tarifas al ritmo del mercado. La planificación cayó al vacío y la autoridad miró al costado.
Era urgente que miles de despedidos de las privatizaciones y desburocratizaciones cogieran el timón y salieran a pelearse pasajeros, en lugar de irrumpir en marchas demandando puestos de trabajo. Nació la era combi, y aquí la tenemos.
Para salir hay que tomar decisiones de fondo, y no hacer piruetas metropolitanas para la tribuna. Estas marchan por cuatro ejes: planificación, formalización, autoridad y educación.
Planificar implica redefinir rutas funcionales y construir viaductos mirando a los próximos 25 años, y licitarlos. De manera progresiva pero firme, ir eliminando las combis y despejar espacios y avenidas para que circulen por ellas sólo ómnibus, mejor si son articulados. Uno de estos transportaría 160 personas ocupando 18 metros de pista. Sustituiría a 13 combis que ocuparían media cuadra, o a 160 taxis que saturarían 3 cuadras y media.
La formalización es pasar de la combi asesina a la empresa eficiente, con estándares de calidad de servicio, normas de tratamiento al pasajero, y choferes que trabajen seis horas, tengan seguro, vacaciones, jubilación y ganen una mensualidad. Así no necesitarán salir a cazar pasajeros para ganar la guerra por el centavo.
La autoridad debe hacerse respetar, articularse, establecer una normatividad clara e integral, montar una élite de inspectores, instalar cámaras de televisión manejadas desde centrales abocadas a controlar y a desatorar congestionamientos mediante semáforos inteligentes o movilizando policías en tiempo real. Ah, y también poner multas.
Finalmente, educar en seguridad vial a nuestros niños y jóvenes, así como a los principales transgresores: nosotros, los adultos. Hacer del chofer un profesional, con cursos exigentes y evaluaciones de conocimiento, físicas y psicológicas constantes.
Poner el ómnibus al servicio del pasajero, y no al revés. Allí está la diferencia.
El último paro de los microbuseros fue a “media caña”, pero fue. Me resisto a analizar ese paro, sus motivaciones, sus porcentajes de acatamiento o desacato. Poco interesa lo que dijo el ministro tal o el dirigente cual. La cosa es ir al fondo, no chapotear en la cáscara.
La Defensoría del Pueblo dice en su informe 137 que el transporte urbano en Lima es un “desafío en defensa de la vida”. No exagera. En el Perú cada día mueren atropelladas diez personas, tres de ellas en la capital. La mayor parte de esas muertes la ocasionan dos tipos de vehículo: ómnibus y “combis”. ¿Me ensaño con los microbuseros? Que hablen los números.
Entre enero y junio del 2008 los ómnibus mataron en Lima a 67 personas, las combis a 64, las station wagon (timón cambiado) a 23, los camiones a 26 y los automóviles a 53. La cosa es seria.
El problema está en el caos, la autoridad incompetente y desarticulada, la informalidad y la ignorancia. Nació a inicios de los 90 con la liberalización del transporte público. Libertad para importar combis viejas, crear asociaciones de microbuseros, imponer rutas culebríticas y cobrar tarifas al ritmo del mercado. La planificación cayó al vacío y la autoridad miró al costado.
Era urgente que miles de despedidos de las privatizaciones y desburocratizaciones cogieran el timón y salieran a pelearse pasajeros, en lugar de irrumpir en marchas demandando puestos de trabajo. Nació la era combi, y aquí la tenemos.
Para salir hay que tomar decisiones de fondo, y no hacer piruetas metropolitanas para la tribuna. Estas marchan por cuatro ejes: planificación, formalización, autoridad y educación.
Planificar implica redefinir rutas funcionales y construir viaductos mirando a los próximos 25 años, y licitarlos. De manera progresiva pero firme, ir eliminando las combis y despejar espacios y avenidas para que circulen por ellas sólo ómnibus, mejor si son articulados. Uno de estos transportaría 160 personas ocupando 18 metros de pista. Sustituiría a 13 combis que ocuparían media cuadra, o a 160 taxis que saturarían 3 cuadras y media.
La formalización es pasar de la combi asesina a la empresa eficiente, con estándares de calidad de servicio, normas de tratamiento al pasajero, y choferes que trabajen seis horas, tengan seguro, vacaciones, jubilación y ganen una mensualidad. Así no necesitarán salir a cazar pasajeros para ganar la guerra por el centavo.
La autoridad debe hacerse respetar, articularse, establecer una normatividad clara e integral, montar una élite de inspectores, instalar cámaras de televisión manejadas desde centrales abocadas a controlar y a desatorar congestionamientos mediante semáforos inteligentes o movilizando policías en tiempo real. Ah, y también poner multas.
Finalmente, educar en seguridad vial a nuestros niños y jóvenes, así como a los principales transgresores: nosotros, los adultos. Hacer del chofer un profesional, con cursos exigentes y evaluaciones de conocimiento, físicas y psicológicas constantes.
Poner el ómnibus al servicio del pasajero, y no al revés. Allí está la diferencia.
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