SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ES SALUDO A LA BANDERA AFIRMA LUIS IBERICO
En entrevista con RPP aseguró que alcaldes no deben quitarle el cuerpo a esta responsabilidad
A seis años y medio de su promulgación, la ley que creó el sistema nacional de seguridad ciudadana SINASEC no se ha implementado y sólo hay “saludos a la bandera”, dijo el ex congresista Luis Iberico, al comentar la reciente encuesta de la universidad Católica según la cual el 91% de los ciudadanos se siente inseguro ante la delincuencia callejera.
Iberico sostuvo que los ciudadanos se sienten desamparados, mientras que la seguridad pública “no tiene norte ni rumbo, no tiene consistencia y los esfuerzos que se hacen son desarticulados e ineficaces”. Indicó que la ley del SINASEC es un buen marco jurídico pero no se ejecuta. “Las autoridades le quitan el cuerpo” indicó, recordando que en Lima el responsable de la seguridad es el alcalde de la capital.
En una entrevista en Radioprogramas del Perú RPP, señaló que en el ministerio del Interior tampoco hay una estrategia de seguridad ciudadana. “Pasamos del ‘plan telaraña’ a la ‘distritalización’, de allí a la ‘investigación criminal’ y ahora estamos con la moda del ‘arresto ciudadano’, lo que demuestra que no hay planes ni siquiera en la policía, andamos a la deriva” dijo.
Advirtió que hace dos días se dispuso que la policía de tránsito sea integrada exclusivamente por policías femeninas. “Para ello se ha transferido a las suboficiales que venían trabajando en seguridad ciudadana con las juntas vecinales y las brigadas de autoprotección escolar, dejando trunco ese proceso” indicó. “Marchamos entonces dando bandazos, con marchas y contramarchas, y en medio de esto el ciudadano se siente totalmente desprotegido” indicó.
Señaló además que los alcaldes son, por ley, los que presiden los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana. “Los comités se instalan para la fotografía y, salvo excepciones, después no pasa nada” dijo.
ENCUESTAS
Ante la reciente encuesta de DATUM que le da un segundo lugar como candidato a la alcaldía de Lima, señaló que toma esa cifra con “optimismo prudente”. “Es un escenario sin la candidatura de Luis Castañeda, que es muy probable. Pero todavía falta mucho para las elecciones, y el optimismo lo convertimos, en Alianza para el Progreso, en motivación para seguir trabajando”.
Indicó que como alcalde de Lima, está dispuesto a asumir el reto de la recuperación de la seguridad ciudadana en Lima. “En APP hemos decidido que nuestros alcaldes se comprarán el pleito de la seguridad” indicó. De llegar a la alcaldía metropolitana, “lo inmediato sería convocar al comité provincial para ponerse a trabajar, y también a todos los alcaldes distritales para concertar, y no imponer, un plan integral para toda la ciudad” dijo.
Iberico indicó que hay que poner énfasis en la seguridad preventiva para reducir los factores de riesgo, sin dejar de fortalecer el aparato represivo y sancionador. Expresó que el alcalde debe ser un líder que convoque a las instituciones y organizaciones ciudadanas a la lucha por la recuperación de la ciudad.
“Debemos volver a caminar tranquilos por nuestras calles y parques, y ello requiere de una acción concertada, participativa y democrática, pero la gente se pregunta quién se pone a la cabeza, dónde está el piloto. Y ese piloto es el alcalde” subrayó.
domingo, 30 de agosto de 2009
miércoles, 19 de agosto de 2009
La ley mordaza del APRA: Con la sangre en el ojo
La ley mordaza del APRA: Con la sangre en el ojo
La sangre de Bagua salpicó en el ojo de Mercedes Cabanillas. Obligada a abandonar el ministerio del Interior por la masacre de policías y nativos, peleó bajo la mesa para arrebatarle a Jorge del Castillo la presidencia de la comisión de Constitución del parlamento. Una vez allí, debuta poniendo en agenda una ley mordaza para la prensa nacional.
En política nada es casual. Mientras los cadáveres desfilaban por la Curva del Diablo, se cortó la señal de “Radio la Voz” de Utcubamba y se canceló su licencia argumentando razones administrativas prontamente desmentidas.
El coro oficialista denunció que las radios lugareñas incentivaban la violencia. La prensa local, y no la tozudez del régimen, resultaba ser la responsable de la tragedia amazonense. El intento de desviar culpas no prosperó, pero quedaron revueltas las entrañas de los halcones del gobierno. De allí a la ley mordaza, distó un paso.
El proyecto que introdujo el aprista José Vargas en enero, ahora es levantado al aire y rastrillado por Meche Cabanillas. Se busca, dicen, regular el derecho de las personas afectadas por afirmaciones inexactas o injuriosas, estableciendo el procedimiento para dar cumplimiento al derecho de rectificación.
Para ello se acorta el plazo de rectificación, se une al “club” a los medios electrónicos (cuidado Útero de Marita) y se señala como tercero civilmente responsable al medio de comunicación, cuando el periodista o el director no cumplan con el pago de las indemnizaciones.
Nadie duda que deban castigarse la injuria, la calumnia y la difamación. Conocemos los excesos de la prensa. Pero ya existe una Ley de Rectificación, y el Código Penal sanciona al difamador, ¿cierto Magaly Medina?
La carga del proyecto, sin embargo, está en el castigo monetario al medio de comunicación al hacerlo corresponsable del exceso. Y los primeros medios en caer serán los más débiles, especialmente la prensa local donde, desgraciadamente, hay terreno fértil y poca plata.
Por improvisación, descuido o desidia, allí suele confundirse prensa con propaganda y opinión con difamación. Y esto se mezcla con el buen periodismo, valiente y veraz, creando la confusión ideal para el zarpazo de la ley mordaza.
También se coloca en la mira a la prensa electrónica, extraordinaria ventana abierta al mundo donde sin mucho capital y bastante coraje –que siempre es bueno combinar con rigurosidad- se destapan los chanchullos que la prensa del stablishment sumerge.
En cuanto a los grandes medios, el mensaje es claro: acortar riendas, para no tener que pagar –en efectivo- las consecuencias de la libertad de sus hombres de prensa.
Apretar al medio para asfixiar al periodista, el objetivo es ese.
domingo, 9 de agosto de 2009
EL MENSAJE DE ALAN GARCÍA: FOGONAZOS DE ÚLTIMA HORA
El presidente Alan García dice estar preocupado por el fortalecimiento de la democracia. Tras reflexionar ante su espejo, como suele hacerlo, anunció en su mensaje presidencial un par de iniciativas, en un discurso no exento de sorpresas para sus propios ministros.
Propuso la renovación del congreso por mitades, y la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales cuando la votación obtenida sea raquítica. Para García esas son espinacas infalibles para fortalecer los alicaídos músculos del sistema democrático. Para los especialistas, placebos inoportunos que podrían complicar más las cosas. Para el resto del país, fogonazos de última hora provenientes de un gobierno que empieza su cuenta regresiva.
Fernando Tuesta señala que las segundas vueltas no brindan, en automático, legitimidad ni fortaleza alguna a los presidentes regionales que, al ser electos, cuentan automáticamente con la mitad más uno de los consejeros. La segunda vuelta podría significar gobernar con minoría en el consejo, y terminar en la anarquía que vivieron por muchos años los gobiernos municipales sin en esta situación, atados de pies y manos al cálculo politiquero y a la oposición sin respiro, para desgracia de los vecinos.
Acerca de la renovación del Parlamento a mitad del período de gobierno, el especialista en temas electorales recuerda algo elemental: esta no es una “revocatoria” donde los malos se van y quedan los buenos. Es simplemente una renovación, practicada en muchos sistemas democráticos del mundo. Los congresistas intercalarían el inicio de sus períodos de cinco años, cada dos años y medio, completándolos de todos modos.
Si García Pérez nos quiso hacer creer que esta era la depuración del parlamento, pecó de demagogo. Si él mismo cree que es así, debe revisar un poco más sus libros de derecho constitucional, antes de redactar sus mensajes a la nación. O consultar con su ministro de Justicia, que para eso está.
Una reforma constitucional para mejorar la representatividad democrática es, sin embargo, imperiosa y hay que trabajar en ella. Considero que una medida necesaria es la creación de distritos electorales pequeños, circunscripciones que congreguen a 200 mil habitantes, para elegir a cada congresista.
De este modo, San Juan de Lurigancho –por ejemplo- se subdividiría en cinco distritos electorales, y cada uno elegiría su congresista. El coloso limeño tendría cinco parlamentarios y cada cual se debería a los electores de su circunscripción.
Esto se implementaría en todo el país. Resultado: los electores sabríamos quién es nuestro representante, el representante quiénes somos sus electores. Habría un contacto directo y permanente entre ambos, así como control y fiscalización al milímetro.
La fórmula no es nueva, existe en muchas democracias. Tampoco es infalible, pero mejora la representatividad. Y no debe ser una medida aislada, sino parte de una reforma integral articulada, coherente y adecuada a nuestra realidad social y política.
Finalmente, debemos ser conscientes que la democracia no se va a fortalecer a punta de leyes, ni renovaciones por tercios o mitades. La mejor tierra para su desarrollo está en la mente de las personas, sean electores o políticos. La madurez es el gran reto, y eso exige trabajar intensamente en la conciencia del pueblo. Que los individuos dejemos de ser individuos, y pasemos a ser ciudadanos. Ese es el fondo del asunto.
Propuso la renovación del congreso por mitades, y la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales cuando la votación obtenida sea raquítica. Para García esas son espinacas infalibles para fortalecer los alicaídos músculos del sistema democrático. Para los especialistas, placebos inoportunos que podrían complicar más las cosas. Para el resto del país, fogonazos de última hora provenientes de un gobierno que empieza su cuenta regresiva.
Fernando Tuesta señala que las segundas vueltas no brindan, en automático, legitimidad ni fortaleza alguna a los presidentes regionales que, al ser electos, cuentan automáticamente con la mitad más uno de los consejeros. La segunda vuelta podría significar gobernar con minoría en el consejo, y terminar en la anarquía que vivieron por muchos años los gobiernos municipales sin en esta situación, atados de pies y manos al cálculo politiquero y a la oposición sin respiro, para desgracia de los vecinos.
Acerca de la renovación del Parlamento a mitad del período de gobierno, el especialista en temas electorales recuerda algo elemental: esta no es una “revocatoria” donde los malos se van y quedan los buenos. Es simplemente una renovación, practicada en muchos sistemas democráticos del mundo. Los congresistas intercalarían el inicio de sus períodos de cinco años, cada dos años y medio, completándolos de todos modos.
Si García Pérez nos quiso hacer creer que esta era la depuración del parlamento, pecó de demagogo. Si él mismo cree que es así, debe revisar un poco más sus libros de derecho constitucional, antes de redactar sus mensajes a la nación. O consultar con su ministro de Justicia, que para eso está.
Una reforma constitucional para mejorar la representatividad democrática es, sin embargo, imperiosa y hay que trabajar en ella. Considero que una medida necesaria es la creación de distritos electorales pequeños, circunscripciones que congreguen a 200 mil habitantes, para elegir a cada congresista.
De este modo, San Juan de Lurigancho –por ejemplo- se subdividiría en cinco distritos electorales, y cada uno elegiría su congresista. El coloso limeño tendría cinco parlamentarios y cada cual se debería a los electores de su circunscripción.
Esto se implementaría en todo el país. Resultado: los electores sabríamos quién es nuestro representante, el representante quiénes somos sus electores. Habría un contacto directo y permanente entre ambos, así como control y fiscalización al milímetro.
La fórmula no es nueva, existe en muchas democracias. Tampoco es infalible, pero mejora la representatividad. Y no debe ser una medida aislada, sino parte de una reforma integral articulada, coherente y adecuada a nuestra realidad social y política.
Finalmente, debemos ser conscientes que la democracia no se va a fortalecer a punta de leyes, ni renovaciones por tercios o mitades. La mejor tierra para su desarrollo está en la mente de las personas, sean electores o políticos. La madurez es el gran reto, y eso exige trabajar intensamente en la conciencia del pueblo. Que los individuos dejemos de ser individuos, y pasemos a ser ciudadanos. Ese es el fondo del asunto.
miércoles, 8 de julio de 2009
TRANSPORTE URBANO EN LIMA: CÓMO SALIR DE LA “ERA COMBI”
¿A multas más caras, más orden en las pistas?, ¿a más años de cárcel, menos conductores ebrios atropellando niños? La desesperación nos arrastra a las fórmulas elementales. La ineptitud arrastra a la autoridad a implementarlas. George Bernard Shaw dijo que para todo problema complejo hay siempre una solución simple, que es errónea.
El último paro de los microbuseros fue a “media caña”, pero fue. Me resisto a analizar ese paro, sus motivaciones, sus porcentajes de acatamiento o desacato. Poco interesa lo que dijo el ministro tal o el dirigente cual. La cosa es ir al fondo, no chapotear en la cáscara.
La Defensoría del Pueblo dice en su informe 137 que el transporte urbano en Lima es un “desafío en defensa de la vida”. No exagera. En el Perú cada día mueren atropelladas diez personas, tres de ellas en la capital. La mayor parte de esas muertes la ocasionan dos tipos de vehículo: ómnibus y “combis”. ¿Me ensaño con los microbuseros? Que hablen los números.
Entre enero y junio del 2008 los ómnibus mataron en Lima a 67 personas, las combis a 64, las station wagon (timón cambiado) a 23, los camiones a 26 y los automóviles a 53. La cosa es seria.
El problema está en el caos, la autoridad incompetente y desarticulada, la informalidad y la ignorancia. Nació a inicios de los 90 con la liberalización del transporte público. Libertad para importar combis viejas, crear asociaciones de microbuseros, imponer rutas culebríticas y cobrar tarifas al ritmo del mercado. La planificación cayó al vacío y la autoridad miró al costado.
Era urgente que miles de despedidos de las privatizaciones y desburocratizaciones cogieran el timón y salieran a pelearse pasajeros, en lugar de irrumpir en marchas demandando puestos de trabajo. Nació la era combi, y aquí la tenemos.
Para salir hay que tomar decisiones de fondo, y no hacer piruetas metropolitanas para la tribuna. Estas marchan por cuatro ejes: planificación, formalización, autoridad y educación.
Planificar implica redefinir rutas funcionales y construir viaductos mirando a los próximos 25 años, y licitarlos. De manera progresiva pero firme, ir eliminando las combis y despejar espacios y avenidas para que circulen por ellas sólo ómnibus, mejor si son articulados. Uno de estos transportaría 160 personas ocupando 18 metros de pista. Sustituiría a 13 combis que ocuparían media cuadra, o a 160 taxis que saturarían 3 cuadras y media.
La formalización es pasar de la combi asesina a la empresa eficiente, con estándares de calidad de servicio, normas de tratamiento al pasajero, y choferes que trabajen seis horas, tengan seguro, vacaciones, jubilación y ganen una mensualidad. Así no necesitarán salir a cazar pasajeros para ganar la guerra por el centavo.
La autoridad debe hacerse respetar, articularse, establecer una normatividad clara e integral, montar una élite de inspectores, instalar cámaras de televisión manejadas desde centrales abocadas a controlar y a desatorar congestionamientos mediante semáforos inteligentes o movilizando policías en tiempo real. Ah, y también poner multas.
Finalmente, educar en seguridad vial a nuestros niños y jóvenes, así como a los principales transgresores: nosotros, los adultos. Hacer del chofer un profesional, con cursos exigentes y evaluaciones de conocimiento, físicas y psicológicas constantes.
Poner el ómnibus al servicio del pasajero, y no al revés. Allí está la diferencia.
El último paro de los microbuseros fue a “media caña”, pero fue. Me resisto a analizar ese paro, sus motivaciones, sus porcentajes de acatamiento o desacato. Poco interesa lo que dijo el ministro tal o el dirigente cual. La cosa es ir al fondo, no chapotear en la cáscara.
La Defensoría del Pueblo dice en su informe 137 que el transporte urbano en Lima es un “desafío en defensa de la vida”. No exagera. En el Perú cada día mueren atropelladas diez personas, tres de ellas en la capital. La mayor parte de esas muertes la ocasionan dos tipos de vehículo: ómnibus y “combis”. ¿Me ensaño con los microbuseros? Que hablen los números.
Entre enero y junio del 2008 los ómnibus mataron en Lima a 67 personas, las combis a 64, las station wagon (timón cambiado) a 23, los camiones a 26 y los automóviles a 53. La cosa es seria.
El problema está en el caos, la autoridad incompetente y desarticulada, la informalidad y la ignorancia. Nació a inicios de los 90 con la liberalización del transporte público. Libertad para importar combis viejas, crear asociaciones de microbuseros, imponer rutas culebríticas y cobrar tarifas al ritmo del mercado. La planificación cayó al vacío y la autoridad miró al costado.
Era urgente que miles de despedidos de las privatizaciones y desburocratizaciones cogieran el timón y salieran a pelearse pasajeros, en lugar de irrumpir en marchas demandando puestos de trabajo. Nació la era combi, y aquí la tenemos.
Para salir hay que tomar decisiones de fondo, y no hacer piruetas metropolitanas para la tribuna. Estas marchan por cuatro ejes: planificación, formalización, autoridad y educación.
Planificar implica redefinir rutas funcionales y construir viaductos mirando a los próximos 25 años, y licitarlos. De manera progresiva pero firme, ir eliminando las combis y despejar espacios y avenidas para que circulen por ellas sólo ómnibus, mejor si son articulados. Uno de estos transportaría 160 personas ocupando 18 metros de pista. Sustituiría a 13 combis que ocuparían media cuadra, o a 160 taxis que saturarían 3 cuadras y media.
La formalización es pasar de la combi asesina a la empresa eficiente, con estándares de calidad de servicio, normas de tratamiento al pasajero, y choferes que trabajen seis horas, tengan seguro, vacaciones, jubilación y ganen una mensualidad. Así no necesitarán salir a cazar pasajeros para ganar la guerra por el centavo.
La autoridad debe hacerse respetar, articularse, establecer una normatividad clara e integral, montar una élite de inspectores, instalar cámaras de televisión manejadas desde centrales abocadas a controlar y a desatorar congestionamientos mediante semáforos inteligentes o movilizando policías en tiempo real. Ah, y también poner multas.
Finalmente, educar en seguridad vial a nuestros niños y jóvenes, así como a los principales transgresores: nosotros, los adultos. Hacer del chofer un profesional, con cursos exigentes y evaluaciones de conocimiento, físicas y psicológicas constantes.
Poner el ómnibus al servicio del pasajero, y no al revés. Allí está la diferencia.
viernes, 12 de junio de 2009
APP - Lima se proununcia sobre violencia en Bagua
PRONUNCIAMIENTO DE APP - LIMA
Las bases de Lima del Partido Político “Alianza para el Progreso”, APP, frente a los graves actos de violencia que han traído como consecuencia la muerte de compatriotas policías y civiles, entre ellos, nativos, el día 5 de Junio en la Región Amazonas, provincias de Bagua y Utcubamba, se pronuncia:
Primero.- El derramamiento de sangre es la expresión cruenta del grado en que la sociedad peruana se encuentra peligrosamente fragmentada. Nuestra diversidad socio cultural, lejos de ser una riqueza, se convierte en una amenaza debido a que los gobiernos marginan y subestiman a las minorías étnicas que sufren secularmente un estado de exclusión, explotación y conculcación de derechos.
Orientaciones ideológicas, políticas y económicas que favorecen el predominio de los grandes capitales globales, subordinan y condenan al emergente capital nacional, abren las puertas a la explotación depredadora de nuestros recursos y postergan el crecimiento y desarrollo del país, impidiendo una inserción adecuada y favorable al mundo global, al comercio internacional y a los tratados de libre comercio.
Lo que acontece en el oriente peruano, es un sangriento indicio de cómo el Estado y los gobiernos tradicionales, no asumen la protección de nuestras inmensas reservas naturales y biodiversidad, convertidos en meros administradores de intereses económicos internos y ajenos a los intereses nacionales, permitiendo la depredación de nuestros recursos forestales, energéticos, mineros y zoológicos, contaminando nuestros ríos, bosques, y lagos. Pero sobre todo, poniendo en riesgo la precaria situación de 42 grupos étnicos, subestimados debido a su raza, color, lenguaje, cultura y cosmovisión.
Segundo.- Nuestro partido condena y rechaza todo tipo de violencia. Así, rechazamos la torpe represión del gobierno, que ha ocasionado un derramamiento de sangre de policías y nativos, sin precedentes en las últimas décadas. Alertamos contra cualquier intento de destruir total o parcialmente las etnias amazónicas.
Igualmente, rechazamos cualquier injerencia nacional o extranjera, ajena a los intereses de los pueblos amazónicos, así como la manipulación política de partidos u organizaciones extremistas, que vienen azuzando la confrontación, aprovechando el caldo de cultivo que significa la exclusión de las comunidades nativas.
La violencia no es más la partera de la historia. Como humanistas, la condenamos, y expresamos nuestra indignación ante la muerte de policías y civiles, extendiendo nuestra solidaridad a sus familiares, con quienes compartimos su dolor y consternación.
Cuarto.- El Estado, concebido desde la óptica de gobiernos tradicionales como el del APRA, dentro de un sistema democrático que sigue restringiendo la participación del pueblo a los momentos electorales, es caduco y no da más. El estilo prepotente, ajeno al diálogo democrático y al desarrollo inteligente, que valore y considere la cultura nativa, así como la cultura andina, y la rica diversidad de nuestro pueblo, reedita la incapacidad histórica de partidos tradicionales para gobernar para todos los peruanos, sin exclusiones.
Quinto.-En cuanto al régimen del presidente Alan García, al firmar el documento doctrinario denominado “El Perro del Hortelano”, sienta las bases de lo que sucedió el 5 de junio, es decir, la entrega de la selva, a sangre y fuego, a las transnacionales, sublimado por el TLC hacia afuera, abandonando el anunciado TLC hacia adentro.
Se sigue conduciendo al país a aquel predominio del capital global, predatorio y especulativo, que ha colocado en grave riesgo a todo el sistema capitalista mundial, en los mismos centros hegemónicos de Europa y Norteamérica.
Sexto.- El Perú es uno de los 8 países mega diversos del mundo. La Amazonía representa más del 60% del territorio nacional, tiene 31 de las 114 zonas de ecosistemas de vida mundiales, el 95% de los bosques y el importante recurso hídrico e hidro energético frente al cambio climático. A esta riqueza se añade la gran diversidad cultural, etnias y lenguas de pueblos indígenas milenarios, con conocimiento y tecnologías viables para la sostenibilidad de los recursos naturales. El 50% de esta población vive en extrema pobreza por el abandono, despojo, contaminación y explotación extractiva de riquezas del suelo y subsuelo, a cambio de cuya explotación no reciben mayores beneficios en su calidad de vida, educación, salud o alimentación. El promedio del déficit calórico es del 34.4% de la población.
Estos pueblos tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a este tema dice: “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
El Art.66 de la Constitución reza: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.
El Art.89 de la Constitución dice: “Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y en la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas”.
El Partido Político Alianza para el Progreso, considera que este articulado no ha sido tomado en cuenta y por eso no se ha posibilitado, intencionalmente, el diálogo consecuente con el espíritu de la ley.
Séptimo.- Hay varios responsables y cómplices de lo sucedido, pero consideramos que la responsabilidad mayor lo tiene el Ejecutivo con su Gabinete y el Parlamento, con la bancada aprista y quienes le hicieron el juego. Por lo tanto, en un acto de responsabilidad y decencia política, y por haber llegado ya al agotamiento político, consideramos que el actual gabinete debe renunciar, al margen de cualquier responsabilidad de Ley, que debe alcanzar a los autores y azuzadores de la violencia, forma que rechazamos como método de lucha política, en nuestra condición de partido humanista y democrático.
Octavo. Queda como lección histórica, la necesidad de reconocer que para construir una nación auténticamente democrática, humanista y descentralista, el Estado peruano requiere de gobiernos con la conciencia de ser dirigentes de un país heterogéneo, plural, diverso y único, en el que los consensos y la inclusión deben marcar el paso de un desarrollo sostenido , moderno, con inversión y justicia social, dentro de condiciones equilibradas y equitativas de comercio global, abierto a la inversión extranjera dentro del marco de nuestras leyes e intereses nacionales, impulsando el desarrollo de un capital nacional moderno, tecnológico y exportador, para cerrar el paso a la prepotencia, a la corrupción, a la represión y a la muerte.
Lima, 12 de junio de 2009
La Dirección Ejecutiva de Alianza para el Progreso – LIMA
Luis Iberico
Responsable Político de Lima Metropolitana
Jorge Ruiz Tejedo
Responsable Político de Lima Provincias
Las bases de Lima del Partido Político “Alianza para el Progreso”, APP, frente a los graves actos de violencia que han traído como consecuencia la muerte de compatriotas policías y civiles, entre ellos, nativos, el día 5 de Junio en la Región Amazonas, provincias de Bagua y Utcubamba, se pronuncia:
Primero.- El derramamiento de sangre es la expresión cruenta del grado en que la sociedad peruana se encuentra peligrosamente fragmentada. Nuestra diversidad socio cultural, lejos de ser una riqueza, se convierte en una amenaza debido a que los gobiernos marginan y subestiman a las minorías étnicas que sufren secularmente un estado de exclusión, explotación y conculcación de derechos.
Orientaciones ideológicas, políticas y económicas que favorecen el predominio de los grandes capitales globales, subordinan y condenan al emergente capital nacional, abren las puertas a la explotación depredadora de nuestros recursos y postergan el crecimiento y desarrollo del país, impidiendo una inserción adecuada y favorable al mundo global, al comercio internacional y a los tratados de libre comercio.
Lo que acontece en el oriente peruano, es un sangriento indicio de cómo el Estado y los gobiernos tradicionales, no asumen la protección de nuestras inmensas reservas naturales y biodiversidad, convertidos en meros administradores de intereses económicos internos y ajenos a los intereses nacionales, permitiendo la depredación de nuestros recursos forestales, energéticos, mineros y zoológicos, contaminando nuestros ríos, bosques, y lagos. Pero sobre todo, poniendo en riesgo la precaria situación de 42 grupos étnicos, subestimados debido a su raza, color, lenguaje, cultura y cosmovisión.
Segundo.- Nuestro partido condena y rechaza todo tipo de violencia. Así, rechazamos la torpe represión del gobierno, que ha ocasionado un derramamiento de sangre de policías y nativos, sin precedentes en las últimas décadas. Alertamos contra cualquier intento de destruir total o parcialmente las etnias amazónicas.
Igualmente, rechazamos cualquier injerencia nacional o extranjera, ajena a los intereses de los pueblos amazónicos, así como la manipulación política de partidos u organizaciones extremistas, que vienen azuzando la confrontación, aprovechando el caldo de cultivo que significa la exclusión de las comunidades nativas.
La violencia no es más la partera de la historia. Como humanistas, la condenamos, y expresamos nuestra indignación ante la muerte de policías y civiles, extendiendo nuestra solidaridad a sus familiares, con quienes compartimos su dolor y consternación.
Cuarto.- El Estado, concebido desde la óptica de gobiernos tradicionales como el del APRA, dentro de un sistema democrático que sigue restringiendo la participación del pueblo a los momentos electorales, es caduco y no da más. El estilo prepotente, ajeno al diálogo democrático y al desarrollo inteligente, que valore y considere la cultura nativa, así como la cultura andina, y la rica diversidad de nuestro pueblo, reedita la incapacidad histórica de partidos tradicionales para gobernar para todos los peruanos, sin exclusiones.
Quinto.-En cuanto al régimen del presidente Alan García, al firmar el documento doctrinario denominado “El Perro del Hortelano”, sienta las bases de lo que sucedió el 5 de junio, es decir, la entrega de la selva, a sangre y fuego, a las transnacionales, sublimado por el TLC hacia afuera, abandonando el anunciado TLC hacia adentro.
Se sigue conduciendo al país a aquel predominio del capital global, predatorio y especulativo, que ha colocado en grave riesgo a todo el sistema capitalista mundial, en los mismos centros hegemónicos de Europa y Norteamérica.
Sexto.- El Perú es uno de los 8 países mega diversos del mundo. La Amazonía representa más del 60% del territorio nacional, tiene 31 de las 114 zonas de ecosistemas de vida mundiales, el 95% de los bosques y el importante recurso hídrico e hidro energético frente al cambio climático. A esta riqueza se añade la gran diversidad cultural, etnias y lenguas de pueblos indígenas milenarios, con conocimiento y tecnologías viables para la sostenibilidad de los recursos naturales. El 50% de esta población vive en extrema pobreza por el abandono, despojo, contaminación y explotación extractiva de riquezas del suelo y subsuelo, a cambio de cuya explotación no reciben mayores beneficios en su calidad de vida, educación, salud o alimentación. El promedio del déficit calórico es del 34.4% de la población.
Estos pueblos tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a este tema dice: “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
El Art.66 de la Constitución reza: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.
El Art.89 de la Constitución dice: “Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y en la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas”.
El Partido Político Alianza para el Progreso, considera que este articulado no ha sido tomado en cuenta y por eso no se ha posibilitado, intencionalmente, el diálogo consecuente con el espíritu de la ley.
Séptimo.- Hay varios responsables y cómplices de lo sucedido, pero consideramos que la responsabilidad mayor lo tiene el Ejecutivo con su Gabinete y el Parlamento, con la bancada aprista y quienes le hicieron el juego. Por lo tanto, en un acto de responsabilidad y decencia política, y por haber llegado ya al agotamiento político, consideramos que el actual gabinete debe renunciar, al margen de cualquier responsabilidad de Ley, que debe alcanzar a los autores y azuzadores de la violencia, forma que rechazamos como método de lucha política, en nuestra condición de partido humanista y democrático.
Octavo. Queda como lección histórica, la necesidad de reconocer que para construir una nación auténticamente democrática, humanista y descentralista, el Estado peruano requiere de gobiernos con la conciencia de ser dirigentes de un país heterogéneo, plural, diverso y único, en el que los consensos y la inclusión deben marcar el paso de un desarrollo sostenido , moderno, con inversión y justicia social, dentro de condiciones equilibradas y equitativas de comercio global, abierto a la inversión extranjera dentro del marco de nuestras leyes e intereses nacionales, impulsando el desarrollo de un capital nacional moderno, tecnológico y exportador, para cerrar el paso a la prepotencia, a la corrupción, a la represión y a la muerte.
Lima, 12 de junio de 2009
La Dirección Ejecutiva de Alianza para el Progreso – LIMA
Luis Iberico
Responsable Político de Lima Metropolitana
Jorge Ruiz Tejedo
Responsable Político de Lima Provincias
sábado, 6 de junio de 2009
BAGUA, LA CURVA DEL DIABLO Y LA SELVA DEL PERU - LUIS IBERICO
La selva ha sido convertida en una ciénaga de sangre. Odios y rencores que burbujean en el fondo de una historia enmarañada vuelven a brotar. Surgen como los oscuros escupitajos del codiciado petróleo. O se derraman como las lágrimas del caucho llorando el paso de sus conquistadores.
Ya son más de veinte los policías muertos a balazos, o degollados, o envenenados con lanzas ponzoñosas. El número de civiles -nativos o colonos- aún se desconoce y parece importar menos, aun cuando todas las muertes pesan igual y duelen lo mismo.
La Curva del Diablo convertida en un infierno; la jungla en un callejón que no deja salidas; las olvidadas ciudades amazónicas en regueros de sangre y gases lacrimógenos, y las instalaciones petroleras en trampas para policías abandonados a su suerte.
¿Qué está pasando en el Perú?
Se está repitiendo la historia de siempre y –por ahora- sin final. Valen más los intereses del desarrollo occidental que la existencia de puñados de peruanos marginados que habitan en el corazón de nuestra más grande reserva de biodiversidad.
Decretos legislativos que no fueron consultados a esos pueblos, ni debatidos en el parlamento que otorgó silenciosas facultades al gobierno, despiertan en la selva el demonio de la desconfianza y reavivan viejas heridas que jamás cicatrizaron. Eso es lo que pasa.
Al margen de la repartición de culpas entre humalistas, gobiernistas, dirigentes nativos violentistas, fujimontesinistas, Lourdes y Toledo. Al margen de las conferencias de prensa y las mociones de censura y la codiciada cabeza de Yehude Simons. Al margen de la cobertura minuto a minuto de los medios, de las conferencias de prensa y los editoriales.
Al margen de todo lo coyuntural, de todo lo que en unas semanas serán periódicos de ayer, lo que hay en el fondo es una exclusión histórica de pueblos que habitan una selva de la cual ayer se extrajo caucho y hoy se extrae petróleo y gas, o se extienden los cultivos de la palma aceitera, o se busca rozar miles de hectáreas de bosques y sembrar especies extrañas para producir biocombustibles. Todo eso a cambio de poco, o casi nada.
¿O usted ha visto algún buen colegio, una gran universidad, un instituto de investigación de tecnologías de punta, modernos hospitales, mega puertos o supercarreteras en esa parte del Perú donde también hay peruanos?
Eso es lo que pasa.
Ya son más de veinte los policías muertos a balazos, o degollados, o envenenados con lanzas ponzoñosas. El número de civiles -nativos o colonos- aún se desconoce y parece importar menos, aun cuando todas las muertes pesan igual y duelen lo mismo.
La Curva del Diablo convertida en un infierno; la jungla en un callejón que no deja salidas; las olvidadas ciudades amazónicas en regueros de sangre y gases lacrimógenos, y las instalaciones petroleras en trampas para policías abandonados a su suerte.
¿Qué está pasando en el Perú?
Se está repitiendo la historia de siempre y –por ahora- sin final. Valen más los intereses del desarrollo occidental que la existencia de puñados de peruanos marginados que habitan en el corazón de nuestra más grande reserva de biodiversidad.
Decretos legislativos que no fueron consultados a esos pueblos, ni debatidos en el parlamento que otorgó silenciosas facultades al gobierno, despiertan en la selva el demonio de la desconfianza y reavivan viejas heridas que jamás cicatrizaron. Eso es lo que pasa.
Al margen de la repartición de culpas entre humalistas, gobiernistas, dirigentes nativos violentistas, fujimontesinistas, Lourdes y Toledo. Al margen de las conferencias de prensa y las mociones de censura y la codiciada cabeza de Yehude Simons. Al margen de la cobertura minuto a minuto de los medios, de las conferencias de prensa y los editoriales.
Al margen de todo lo coyuntural, de todo lo que en unas semanas serán periódicos de ayer, lo que hay en el fondo es una exclusión histórica de pueblos que habitan una selva de la cual ayer se extrajo caucho y hoy se extrae petróleo y gas, o se extienden los cultivos de la palma aceitera, o se busca rozar miles de hectáreas de bosques y sembrar especies extrañas para producir biocombustibles. Todo eso a cambio de poco, o casi nada.
¿O usted ha visto algún buen colegio, una gran universidad, un instituto de investigación de tecnologías de punta, modernos hospitales, mega puertos o supercarreteras en esa parte del Perú donde también hay peruanos?
Eso es lo que pasa.
viernes, 23 de enero de 2009
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